Según datos indican las asociaciones, de los más de 2.700 detectives con licencia que hay en España, sólo ejercen unos 1.295.
Eduardo Navasquillo, presidente de la Sociedad española para el desarrollo y difusión de la investigación privada (SEDDIP) comenta que ‘hay compañeros que están trabajando en la calle a nueve euros la hora, lo mismo que una asistenta’.
Como consecuencia de esa reducción de los precios la calidad en los servicios ha disminuido, ‘algo indefendible desde un punto de vista profesional’, apostilla a Efe Eva Grueso, presidenta de la Asociación profesional de detectives privados de España (APDPE).
Además de esto se lamenta Navasquillo: ‘estar dieciséis horas metido en un coche con un frío que pela o un calor de muerte sin poder encender el motor para que no se te oiga; taparte con una manta en los asientos traseros del vehículo horas y horas en un servicio de vigilancia estática, o perder a la persona que has estado siguiendo… Todo eso desanima’.
Así como el intrusismo en la profesión, que no sólo procede de guardias civiles y policías, sino, como dice la presidenta de la APDPE, de personas no habilitadas para ello y que, a sabiendas, son contratadas por los clientes, algunos de ellos incluso son entidades bancarias y financieras. En muchos casos, ni siquiera esas personas están dadas de alta en la Seguridad Social.
Mientras tanto, los detectives están expectantes ante la nueva Ley de Seguridad Privada que diseña el Ministerio del Interior porque, según las asociaciones consultadas por Efe, está ‘obsoleta’ después de veintiún años de vigencia en los que se han producido importantes cambios sociales.
¿Qué pide la APDPE? Entre otras cosas, que los detectives puedan acceder a los datos de las fuerzas de seguridad y el resto de administraciones, suprimir la prohibición que tienen de investigar delitos o dar cobertura legal específica a la obligación de reserva respecto de las investigaciones.
La SEDDIP, por su parte, centra sus demandas en el ámbito de la formación y reivindica una actualización de los temarios y la desaparición de los sistemas ‘on line’, aunque también pide medidas contra el intrusismo y contra todos los que ejercen esta labor sin cotizar a la Seguridad Social.